En medio de tanta preocupación por las acciones que vienen
desarrollando en nuestro país las organizaciones criminales que a cobrado la
vida de cientos de peruanos, ello aunado a los actos de sicariato, extorsiones,
amenazas a emprendedores, comerciantes; entre otros, que no permite el desarrollo
económico y estabilidad en determinadas zonas de Lima y del país.
Ello sumado para lo que a muchos ha traído al presente el
caso de los llamados CUELLOS BLANCOS por el aparente tráfico de influencias
para la obtención de favores, promovido por un conocido personaje farandulero y
para lo cual, éste habría utilizados a diversos personajes con poder de decisión
en entidades nacionales, Poderes del Estado, viene ocurriendo otro hecho, que aparentemente
está pasando desapercibido.
LLAMA LA ATENCIÓN, que a tan solo seis meses de haber asumido
y jurado en el cargo ante el Presidente del Poder Judicial, el Gobierno de Dina
Boluarte, le haya retirado la confianza al Profesional GERARDO LOPEZ como SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA, quién es un Servidor Público de
carrera, formado en la SUNAT y que a pesar de haber sido nombrado para que permanezca
en el cargo por 5 años, conforme lo establece la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT,
se le haya removido.
La
SUNAT es una de las Instituciones más importantes del país, a través de elle se
logra hacer el fondo y administrarlo para que el Gobernante de turno, pueda
asumir hacer los pagos de las cuentas corrientes para el sostenimiento de las
entidades del Estado, el pago a maestros, personal militar, policial, subsidiar
costos, pagar la deuda externa, hacer caja para el tesoro público, facilitar el
comercio exterior , realizar acciones de lucha contra el contrabando, la
defraudación tributaria, el control de los insumos químicos y bienes
fiscalizados que podrían destinarse a la minería ilegal y el narcotráfico.
Tal cambio a sorprendido por no existir una aparente justificación que la avale conforme lo exige la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, que el Superintendente Nacional que sea DESIGNADO, debía permanecer en el cargo por el espacio de cinco años desde la fecha de su nombramiento, salvo que el cargo se encuentre vacante, por las razones en ella contemplada.
Estamos frente a una decisión que va en contra de la Ley y que podría generar algún conflicto legal, en caso el ex Superintendente Nacional quisiera accionar ante las autoridades judiciales al afectársele.
Hace un tiempo, ocurrió algo similar con el Procurador General de la República, quién fue retirado del cargo, bajo circunstancias similares y con mandato judicial retorno al cargo, al haberse evidenciado que se le había vulnerado derechos constitucionales, ya que la norma le permitía permanecer en el cargo por un periodo determinado, el que se le acorto sin justificación objetiva.
Lo cierto es, que para el beneficio país, esperemos que este cambio de rumbo que seguro ocurrirá en la SUNAT, con el nombramiento de Victor Mejia cono nuevo Superintendente Nacional, no exista un trasfondo o intereses de grupos que pueda generar un retroceso en la Institución.
La SUNAT es una de las entidades del Estado más importantes país y es necesario se garantice, no sea utilizada para fines políticos, al ser un ente netamente técnico; por ello, determinados especialistas sobre la materia son de opinión que esta entidad debiera considerársele en la Constitución de la misma que al Banco Central de Reserva (BCR) para asegurarse su autonomía técnica y funcional, blindándola con ello de todo intento de manipulársele políticamente, por ello el éxito del BCR en su gestión y que es el punto de equilibrio económico para el desarrollo y crecimiento del Perú.
El tiempo nos dará la respuesta del porque la decisión de este sorpresivo cambio. El País debe estar primero, ante todo.
03.oct.2024
Editorial Director
