El Pleno del Congreso aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Energía y Minas, que propone la ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por seis meses más, estando próxima a vencer el 31 de diciembre.
En las últimas horas, la población fue testigo de cómo los congresistas, aparentemente presionados por los mineros informales e ilegales (camuflados) que se encontraban apostados en las afueras de la sede del Poder Legislativo, aprobaron la extensión de la vigencia de la Ley REINFO. Esta ampliación, además, contempla la posibilidad de una nueva prórroga por un período igual (seis meses).
El REINFO nació hace 12 años como un mecanismo temporal para que los mineros informales pudieran formalizarse ante las autoridades y operar dentro del marco de la ley. Sin embargo, los resultados han sido desalentadores, pues solo una minoría ha logrado cumplir con el objetivo de formalizarse.
Existen diversos factores que explican este fracaso: trámites burocráticos ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el desinterés de los propios mineros informales, la falta de orientación adecuada por parte de las autoridades, y la existencia de intereses económicos oscuros, como el lavado de activos, entre otros.
Con la vigencia actual del REINFO programada para vencer el 31 de diciembre, ¿qué falta para concretar la extensión de este plazo por seis meses? La respuesta: que el Poder Ejecutivo promulgue la ley aprobada por el Poder Legislativo.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ha señalado que lo aprobado por los legisladores será evaluado para decidir su promulgación o, en su defecto, su observación. Según Adrianzén, extender la vida de una ley que no ha dado resultados podría incentivar prácticas ilegales y beneficiar a mineros ilegales y organizaciones criminales, en perjuicio de la sociedad y del Estado. De ser observada, esto podría desencadenar nuevos conflictos sociales, con protestas, bloqueos de carreteras y manifestaciones destinadas a presionar al Congreso para que apruebe la norma por insistencia.
Este escenario pondría nuevamente en evidencia el enfrentamiento entre el Gobierno de Dina Boluarte y el Poder Legislativo, que, como es sabido, es el principal respaldo para que Boluarte se mantenga en el poder.
Lo cierto es que los intereses de ciertos grupos parecen primar sobre el interés nacional y el bienestar de la población.
La minería ilegal, además de ser un problema económico, ha traído consigo actos criminales que han cobrado la vida de muchas personas. Esta actividad fomenta la evasión fiscal, impide que el Estado perciba ingresos legales y facilita el contrabando de minerales, como el oro, hacia países vecinos como Ecuador y Bolivia. Hasta el momento, ninguna autoridad ha tomado medidas efectivas para combatir este flagelo.
El Gobierno necesita liderar acciones contundentes para contrarrestar esta ilegalidad. Sin embargo, la falta de funcionarios competentes y la ausencia de ideas innovadoras en instituciones como la Policía Nacional (PNP), el MINEM, la SUNAT – Aduanas, el Ministerio Público, los gobiernos regionales y el propio Congreso, dificultan cualquier esfuerzo coordinado. La inacción y falta de seriedad en el tratamiento de este problema lo convierten en una amenaza grave para el país.
