Mediante una Resolución Suprema, el Poder Ejecutivo ha ordenado el pase a retiro de oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo el argumento de «Renovación de Cuadros», medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2025. El documento cuenta con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Juan José Santibañez.
De acuerdo con la resolución, hasta el 31 de diciembre de 2024 continuarán en actividad 68 coroneles, 144 comandantes y 83 mayores de la PNP, quienes luego pasarán a retiro. Entre los oficiales afectados figura el coronel Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC). Colchado lideró el allanamiento a la residencia de la presidenta Boluarte en marzo pasado, como parte del denominado ‘Caso Rolex’, y fue responsable del grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficoop).
Controversia por supuesta injerencia política
El pase a retiro del coronel Colchado ha generado cuestionamientos, pues tras el allanamiento mencionado, el grupo Eficoop fue desactivado por orden del Ministerio del Interior, lo que había despertado sospechas de una posible represalia contra el oficial.
Críticas apuntan a que la decisión podría estar influenciada por intereses políticos, lo que pone en duda la objetividad de la Comisión de Oficiales Generales de la PNP, responsable de evaluar los casos para recomendar los retiros. Como ocurre en situaciones similares, el Gobierno ha atribuido la medida a propuestas realizadas por el Comando General de la Policía Nacional, limitándose a ejecutarlas.
Repercusiones y posibles acciones legales
Se prevé que muchos de los oficiales afectados por esta disposición recurrirán al Poder Judicial en defensa de sus derechos, buscando su reincorporación al servicio activo. Este tipo de decisiones gubernamentales ha sido objeto de críticas constantes, pues, según expertos, generan inestabilidad tanto dentro de la institución policial como en las familias de los efectivos afectados.
El Poder Judicial ha fallado en ocasiones anteriores a favor de oficiales retirados, ordenando su restitución en servicio. Sin embargo, el impacto negativo ya estaría hecho, afectando no solo la moral institucional, sino también la capacidad de la PNP para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.
Declaraciones del Comandante General
En una entrevista reciente, el comandante general de la PNP reconoció el derecho de los oficiales retirados a apelar la decisión y buscar la revisión de sus casos. No obstante, estas declaraciones han sido cuestionadas, ya que se considera que la institución no evalúa el daño generado a los oficiales afectados y sus familias, así como al sistema policial en su conjunto.
Críticos sostienen que decisiones de este tipo, presuntamente motivadas por intereses políticos, pueden frenar el desarrollo profesional de oficiales que han dedicado sus carreras al servicio público y la lucha contra el crimen. Esto, a su vez, debilita la estructura institucional en un momento crítico para la seguridad del país.
