La Segunda Sala del Tribunal Constitucional ha ordenado la publicación del acuerdo celebrado en 2019 entre la empresa Odebrecht, investigada por graves actos de corrupción, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato y el Ministerio Público.
La decisión responde a una demanda de habeas data interpuesta por el comunicador Phillip Butters, quien alegó vulneración de su derecho fundamental al acceso a la información pública. Dicha demanda fue inicialmente rechazada por el Poder Judicial en primera y segunda instancia, pero al ser apelada, llegó al Tribunal Constitucional, máxima instancia en materia constitucional, que finalmente falló a favor del demandante.
Detalles de la resolución
El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del equipo especial del Ministerio Público para los casos “Odebrecht” y “Lava Jato”. Asimismo, ordenó a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro que entregue al demandante, en un plazo máximo de cinco días hábiles, una copia del “Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz” de 2019 y el “Acuerdo Complementario” firmado el 20 de mayo del mismo año.
Implicancias de la sentencia
Esta resolución ha sido calificada como histórica, pues sienta un precedente que podría permitir a los ciudadanos exigir la transparencia y publicación de todos los convenios de colaboración eficaz suscritos en casos de interés público.
La difusión de este acuerdo, que por años permaneció bajo reserva, permitirá evaluar si las acciones de la Fiscalía y de la Procuraduría Pública Ad Hoc respondieron efectivamente a los intereses del Estado o si, por el contrario, favorecieron a los investigados. Diversos sectores han señalado que podría haber existido un interés político por proteger a las empresas brasileñas implicadas, dada la presunta participación de altos funcionarios peruanos en los casos investigados.
Posibles repercusiones
El fallo podría generar investigaciones adicionales, la formación de comisiones parlamentarias y la presentación de nuevas denuncias. Asimismo, pone bajo escrutinio las decisiones de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como de los procuradores públicos que participaron en las negociaciones de dichos acuerdos.
Exigencia de transparencia
La publicación de este acuerdo es vista como un llamado de atención a los funcionarios públicos que representan al Estado. Según expertos, la resolución del Tribunal Constitucional subraya la necesidad de actuar con transparencia y probidad, particularmente en casos que involucran recursos públicos y el interés nacional.
En los próximos días, el contenido del acuerdo será de conocimiento público, y sus implicancias podrían generar un fuerte impacto en el ámbito político y judicial del país.
