El Estado Secuestrado. Quienes se benefician?
Editorial, 20/04/2025
Las últimas medidas del Gobierno para contrarrestar la inseguridad ciudadana reflejan, al menos en apariencia, cierta preocupación por enfrentar este problema. Se ha creado el llamado “Cuarto de Guerra”, se ha prorrogado el estado de emergencia por 30 días más en Lima y Callao, y se ha restringido la circulación de motocicletas lineales con dos personas o con cascos que impidan identificar a los conductores.
Sin embargo, los hechos demuestran que estas acciones han sido insuficientes. Las extorsiones a ciudadanos, emprendedores y empresas continúan. Los asesinatos por encargo no cesan. Y los actos de corrupción dentro de la propia Policía Nacional se han vuelto parte del escenario diario.
A esto se suman episodios indignantes como la intoxicación de menores en provincias, producto del consumo de alimentos subsidiados por el Estado. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde la responsabilidad?
Las designaciones de confianza en entidades públicas siguen repitiendo el mismo patrón de siempre: rotaciones entre los mismos cuadros, sin meritocracia ni evaluación de resultados. Se ignoran las leyes que protegen la permanencia de profesionales competentes en puestos clave, y se margina a los que sí conocen el funcionamiento del Estado y desean generar cambios reales.
El aparato estatal parece ingobernable. Pero no por falta de profesionales capaces, sino por la ausencia de gestión y liderazgo en quienes tienen la responsabilidad de dirigirlo. Muchos funcionarios están más interesados en conservar sus cargos que en impulsar mejoras. Y para lograrlo, hacen exactamente lo que se les ordena: preservar el “estatus quo”.
Las brechas normativas que permiten la aplicación discrecional de medidas, la falta de regulación en procesos clave o su deliberada omisión, abren las puertas a la corrupción. El caos regulado se ha convertido en el refugio perfecto para la impunidad.
El retorno de funcionarios cuestionados —con procesos abiertos en oficinas de integridad o incluso investigaciones fiscales—, y su designación en cargos directivos sin resultados que los respalden, solo perpetúa la ineficiencia.
Mientras tanto, en el sector privado, el talento se reconoce, se promueve y lidera. Por eso las empresas avanzan. En el Estado, en cambio, los mejores son marginados para no incomodar a quienes se benefician del sistema encubierto que busca mantener el control.
Es difícil que el país cambie si no se cambia el modelo que lo sostiene. Y eso no solo implica nuevas leyes o medidas, sino voluntad política real y una reforma profunda del aparato estatal.
La indignación entre los servidores públicos es evidente. Pero pocos se atreven a decirlo en voz alta por temor a las represalias.
El Perú cuenta con profesionales valiosos dentro del Estado, formados y comprometidos. Pero mientras prevalezca la corrupción, la impunidad y la protección de intereses ocultos, seguirán siendo relegados. Porque el verdadero poder —el que no se ve, pero que decide— necesita que nada cambie. Solo así podrá seguir enquistado, gobernando desde las sombras, manteniendo el “estatus quo” y apropiándose del país sin levantar sospechas.
