La reciente matanza ocurrida en Pataz, donde 13 trabajadores de seguridad de la mina «La Poderosa» fueron brutalmente asesinados con disparos en la nuca, ha estremecido al país. Este crimen atroz, sumado a la revelación de que la operación a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte fue de carácter estético y no de salud, ha desatado una nueva crisis política. Algunos congresistas ya han anunciado la posible presentación de una moción de vacancia presidencial.
A este escenario se suma la eventual censura al premier Gustavo Adrianzén, quien, en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, minimizó los hechos de Pataz, afirmando en su momento que no existía información oficial. Hoy sabemos que hubo un secuestro real y que las víctimas no fueron auxiliadas a tiempo. Las familias de los fallecidos y la opinión pública no entienden cómo el Gobierno pudo actuar con tanta frialdad e inacción.
El Ejecutivo ha demostrado falta de empatía ante los graves problemas de seguridad que atraviesa el país, alimentados por el sicariato, la minería ilegal y el crecimiento del crimen organizado.
En lugar de enfocar sus esfuerzos en la seguridad ciudadana, se ha priorizado la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas para aumentar el sueldo presidencial de 16 mil a 35 mil soles mensuales.
La población podría entender ese aumento si la presidenta estuviera liderando una gestión eficiente. Pero los hechos demuestran lo contrario: no ha sabido conformar un equipo sólido ni tomar correctivos en los sectores clave del Ejecutivo. Su entorno más cercano vive desconectado de la realidad nacional, lo que ha llevado su nivel de aprobación a apenas el 3%.
El próximo miércoles 14 de mayo se ha anunciado un paro nacional que podría marcar un punto de quiebre en el actual rumbo del Gobierno y de la presidenta Boluarte. Ya hemos visto antes cómo, ante menor presión, un presidente como Manuel Merino se vio obligado a renunciar, cediendo el cargo a Francisco Sagasti.
Hoy, a solo 14 meses del final del mandato de Boluarte, la vacancia presidencial vuelve a estar sobre la mesa. De ocurrir, la Constitución establece que asumiría el presidente del Congreso, actualmente Eduardo Salhuana, un político del partido APP, cuestionado por presuntos vínculos con la minería ilegal y por haber convertido el Parlamento en un espacio de favores y contrataciones partidarias.
¿Es eso lo que el país necesita? ¿Un nuevo rostro con viejas prácticas? El Perú se encuentra en una crisis profunda, y lo que está en juego es mucho más que un cambio de nombres. Es indispensable que las entidades del Estado sean dirigidas por personas idóneas, con formación, experiencia y ética, y no por improvisados con carné partidario o por ser parte del “personal de confianza”.
Mientras tanto, los problemas se agravan, las soluciones no llegan y todo se justifica con evasivas. El país merece más.
Las próximas semanas serán cruciales. El Perú necesita un verdadero cambio, no solo de autoridades, sino de rumbo.
