Como era previsible, según una reciente encuesta publicada por Perú21, apenas un 2% de la población aprueba la gestión de Dina Boluarte como presidenta de la República. Esta cifra marca un récord histórico de desaprobación y la posiciona como la mandataria con menor respaldo popular de las últimas décadas.
El progresivo deterioro de su imagen no es gratuito. La aparente falta de interés por abordar los problemas que más afectan a los peruanos —como la inseguridad ciudadana, la minería ilegal, los casos de corrupción y la ausencia de una estrategia de gobernabilidad— ha minado por completo la figura presidencial. Su desconexión con la ciudadanía se vuelve cada vez más evidente.
La reciente masacre de 13 agentes de seguridad en la mina La Poderosa, ubicada en una zona declarada en emergencia, ha sido otro duro golpe a su debilitada gestión.
A esto se suma la polémica decisión de colocar en cargos de confianza a exministros censurados, y la pasividad del primer ministro ante los grandes temas nacionales. Todo ello ha consolidado una percepción de desinterés e improvisación en el Ejecutivo.
Asimismo, el aparente pacto entre sus representantes y ciertos sectores del Congreso para blindar políticamente al Gobierno y sus funcionarios es observado con desconfianza y rechazo por parte de la ciudadanía. En lugar de fortalecer su liderazgo, este tipo de maniobras refuerzan la idea de una presidenta más preocupada por su permanencia en el poder que por corregir el rumbo del país.
Incluso los intentos por capitalizar el simbolismo del Papa Francisco —nacionalizado peruano recientemente— como estrategia de acercamiento con la población podrían resultar contraproducentes, percibidos más como un oportunismo político que como una acción genuina.
Por si fuera poco, sus asesores de imagen y comunicación parecen no estar a la altura del desafío. La mandataria se encuentra atrapada en una espiral de errores políticos y estratégicos de la que, hasta ahora, no ha sabido salir. Un escenario que ella misma ha creado por falta de visión, análisis y liderazgo.
Frente a esta situación, llena de tensiones políticas y presiones de grupos de poder, cabe preguntarse: ¿Llegará la presidenta Boluarte a julio de 2026? ¿O será necesario un recorte de su mandato ante el creciente rechazo ciudadano y el caos que genera la inseguridad en el país?
El tiempo —y la presión popular— tendrán la última palabra.
