El viernes último se conoció que por orden de un Juzgado de la Corte de Arequipa, se dispuso la suspensión en sus funciones del actual Comandante General de la PNP, General José Zanabria Angulo.
Dicho Oficial General, viene siendo procesado en una Corte de la ciudad de Arequipa, por la comisión de actos funcionales, abuso de autoridad y otros ilícitos. Hechos que datan de la época de cuando se desempeño como Jefe de la Región Policial de Arequipa.
Muchos cuestionan que se le suspenda a pocas semanas para que pase a la situación de retiro; sin embargo, no se considera que el Poder Judicial es una entidad autónoma y por tanto, no puede actuar según la conveniencia, sino de acuerdo con lo que corresponda dentro del marco de un proceso judicial.
Asimismo, algunos políticos tratan de justificar la actuación del referido Oficial General al alegar que actuó para beneficiar a la comunidad de Arequipa y policial de dicha ciudad, como atenuante, pero se olvidan que existen reglas y conductas que no pueden sobrepasar los limites de la comprensión, sobre todo cuando uno ocupa un cargo público tan importante, situación que no se midió y luego de varios años, ahora este acto impensado, le esta pasando factura al General Zanabria.
Lamentablemente, ningún acto que pueda tener buenas intenciones, pueden escapar de lo que regula los reglamentos, ya que pueden afectar intereses de particulares y de personas, en este caso del personal policial, a quién según el proceso y acusación fiscal, se les obligo a realizar acciones que no le correspondían y se simularon documentos para justificar o dar apariencia de legalidad a determinadas actuaciones.
Lo cierto es que la comunidad nacional es la que se ve afectada por este hecho, sobre todo en una coyuntura tan difícil, donde viene imperando la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato.
