Por: Redacción Arena Digital Noticias
Lima, 14 de julio de 2026
A pocas semanas de dejar Palacio de Gobierno, el presidente transitorio José María Balcázar se encuentra en esa incómoda posición en la que cada paso en falso puede costarle la libertad o, al menos, su vejez. Con el reloj en contra y contando los días para entregar la banda presidencial, el mandatario se debate entre la espada y la pared: otorgar o no el indulto al expresidente Pedro Castillo, recluido tras su fallido golpe de Estado de 2022.
Balcázar, abogado de profesión y exmagistrado del Poder Judicial, no es un improvisado en los pasillos de la ley. Sabe perfectamente que el derecho de gracia y el indulto son prerrogativas presidenciales, pero también conoce los límites constitucionales. El anuncio público de que «está evaluando» el beneficio y el encargo al Ministerio de Justicia para que emita un informe técnico favorable no son más que un intento de blindar legalmente una decisión que, a todas luces, carece de sustento y roza la ilegalidad.
El peso de los 83 años y la sombra del Congreso
A sus 83 años, Balcázar debería estar priorizando su tranquilidad y la de su familia. Sin embargo, la presión de ciertos sectores políticos parece empujarlo al abismo. De consumarse el indulto a Pedro Castillo forzando figuras jurídicas, el escenario que le espera al mandatario saliente no será el retiro pacífico.
El Congreso entrante, de mayoría opositora, no dudará un segundo en interponer denuncias constitucionales y penales en su contra por prevaricato o el otorgamiento de un trato preferencial indebido, vulnerando el principio constitucional de igualdad ante la ley. Para Balcázar, firmar esa resolución podría significar cambiar las comodidades de su hogar por los banquillos de los acusados en el Poder Judicial.
La lección de la historia: El fantasma del caso Crousillat
Quienes alientan al presidente a dar este paso parecen olvidar que en el Perú los indultos mal otorgados no son perpetuos. La historia reciente nos dejó una gran lección: en el segundo gobierno de Alan García, se concedió un indulto humanitario al empresario televisivo José Francisco Crousillat por supuestos problemas graves de salud. Bastó que se le viera de compras, rozagante, en un exclusivo centro comercial del balneario de Asia, para que la indignación pública obligara al propio gobierno a revertir el beneficio y devolverlo a prisión.
Si Balcázar firma el indulto, el gobierno entrante tendrá todas las herramientas jurídicas y el respaldo político para revertir la medida casi de inmediato, dejando a Pedro Castillo nuevamente tras las rejas y a José María Balcázar con un expediente fiscal abierto bajo el brazo.
El veredicto del sentido común
El presidente saliente se juega su futuro personal y judicial en los próximos días. El poder es efímero y se desvanece el 28 de julio, pero las responsabilidades penales quedan vigentes por años.
¿Vale la pena jugarse la tranquilidad de los últimos años de vida por un cálculo político ajeno? La almohada de Balcázar tiene la respuesta, pero el sentido común del jurista que alguna vez fue debería prevalecer: la ley no se fuerza para favorecer a quien atentó contra la propia democracia.
