El Congreso de la República ha aprobado una ley que autoriza al personal del Serenazgo a portar y utilizar armas eléctricas para neutralizar a personas, además de eximirlos de responsabilidad en caso de provocar lesiones o incluso la muerte con su uso.
Sí, leyó bien. El Parlamento ha abierto la puerta para que los gobiernos locales doten a sus cuerpos de Serenazgo de armas de electrochoque, bastones retráctiles, gas pimienta y otros instrumentos de defensa, con la condición de que reciban una capacitación previa en polígonos y campos de entrenamiento.
Hasta ahí, podría parecer una medida razonable frente al aumento de la inseguridad. Sin embargo, detrás de esta decisión se esconde una enorme preocupación: ¿estamos realmente preparados para darle este tipo de poder a personal que no ha sido profesionalizado ni cuenta con estándares mínimos de formación y control?
En los últimos años, los medios de comunicación han reportado múltiples abusos cometidos por Serenos: intervenciones violentas, uso excesivo de la fuerza, lesiones graves, e incluso muertes. Casos en los que, en muchos casos, la falta de preparación y el exceso de autoridad han terminado en tragedias.
Hay que decirlo claramente: el Serenazgo, en su forma actual, no es una institución profesionalizada. Los municipios contratan personal sin una evaluación psicológica rigurosa, sin protocolos unificados, sin formación adecuada en técnicas de intervención, y en muchos casos, sin revisar siquiera sus antecedentes judiciales o penales.
Ante este panorama, ¿es sensato entregarles armas, aunque sean “no letales”?
Para evitar que esta medida se convierta en una amenaza para la propia ciudadanía, se requieren reglas claras y estrictas. Urge definir un perfil profesional mínimo para ingresar al Serenazgo, establecer filtros de selección con evaluaciones psicológicas y antecedentes limpios, y aplicar una capacitación integral tanto teórica como operativa. De lo contrario, se corre el riesgo de armar a personas sin preparación, sin control emocional y sin criterio para intervenir en situaciones complejas.
Y lo más preocupante: esta ley podría ser el primer paso hacia una futura autorización para el uso de armas de fuego por parte del Serenazgo. Un escenario que podría agravar aún más la ya delicada situación de seguridad y convivencia social en el país.
No se trata de oponerse por oponerse. Se trata de pensar con responsabilidad. La seguridad no se construye con populismo ni con medidas improvisadas. Se construye con instituciones sólidas, con personal profesionalizado y con políticas públicas serias.
El tiempo dirá si esta ley fue una solución o el inicio de un nuevo problema.
