El Congreso de la República aprobó una ley que declara en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) por 180 días. Esta norma obliga al Ministerio del Interior (MININTER) y a la propia Policía a presentar, en un plazo de 90 días, un diagnóstico sobre la situación de la institución y, a partir de ello, proponer una reforma estructural que permita enfrentar con mayor eficacia la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Además, contempla acciones de modernización y dotación de recursos logísticos para la PNP.
También se faculta al MININTER, así como a gobiernos regionales y locales, a adquirir bienes y servicios de forma directa para combatir la delincuencia, y se habilita una asignación económica adicional al personal policial que, de forma voluntaria, participe en patrullajes o investigaciones.
El proyecto fue impulsado por el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), quien además ocupa la presidencia del Congreso. Desde su cuenta en la red social X, celebró con entusiasmo la aprobación de la ley, presentándola como un paso decisivo en la lucha contra la inseguridad.
Hasta aquí, todo suena bien. ¿Quién podría oponerse a reforzar a la PNP frente a una ola criminal que azota al país? Sin embargo, a la luz de experiencias pasadas, es legítimo preguntarse si esta declaratoria de emergencia no es más que un acto político, un maquillaje destinado a limpiar la imagen del Congreso, o peor aún, una oportunidad para el favorecimiento irregular de proveedores allegados a ciertos funcionarios o grupos de poder.
La preocupación radica en que este tipo de normas puede ser aprovechada por malos elementos para contratar empresas o profesionales no idóneos, adquirir productos sin garantías ni estándares de calidad, y desviar fondos públicos bajo el discurso de la “emergencia”. Ya lo hemos visto antes.
Además, resulta absurdo que se requiera una ley para que el MININTER y la PNP realicen un diagnóstico institucional y planteen mejoras. ¿Acaso los altos mandos —formados en la ex Guardia Civil y en la ex Policía de Investigaciones del Perú— no tienen la capacidad ni la autonomía técnica para hacerlo sin necesidad de una norma legal?
La verdad es que esta ley evidencia una falta de voluntad real del Ejecutivo para tomar decisiones contundentes frente a la inseguridad ciudadana. Es un gesto más para la foto, para el discurso, pero sin impacto estructural. Y cuando los 180 días lleguen a su fin, probablemente estemos en la misma situación, o peor.
El Perú no necesita leyes simbólicas. Necesita acciones concretas e inmediatas:
1. Fortalecer la inteligencia operativa policial para identificar y capturar a los cabecillas de organizaciones criminales.
2. Designar a oficiales especializados y con experiencia en inteligencia para dirigir estas unidades.
3. Implementar sistemas de contrainteligencia para detectar a policías coludidos con el crimen.
4. Identificar y sancionar a jefes que exigen dádivas a su personal mediante cobros ilícitos.
5. Eliminar los operativos “para la cámara” que no tienen impacto real.
6. Revisar rigurosamente los antecedentes de los postulantes a la PNP.
7. Rotar al personal asignado a puestos sensibles; nadie debe eternizarse en un cargo.
8. Garantizar el respeto a la autonomía institucional de la Policía.
9. Mantener a la PNP libre de injerencias políticas.
10. Y, sobre todo, apostar por una reforma sostenida, no por medidas cosméticas.
El tiempo será el mejor juez. Y confirmará si esta declaratoria de emergencia fue realmente una respuesta a la inseguridad, o simplemente otro acto político disfrazado de intención reformista.
