La reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restituir a Patricia Benavides en su condición de Fiscal Suprema ha generado un verdadero sismo institucional en el Ministerio Público. Más allá de su reincorporación formal, lo resuelto por los nuevos integrantes de la JNJ revela un momento clave para la justicia peruana: el inicio de una revisión crítica de procedimientos marcados por posibles excesos y vulneraciones al debido proceso.
Benavides fue suspendida en diciembre de 2023 sin que se respetaran plenamente sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
Esta restitución no solo la devuelve a su cargo, sino que también reabre la discusión sobre la legitimidad de las acciones adoptadas por la JNJ anterior, cuyos fallos fueron cuestionados por su presunto sesgo político y falta de sustento constitucional.
En un Estado de derecho, ninguna persona puede ser sancionada o separada de sus funciones sin que medie un proceso justo, llevado por las autoridades competentes y conforme al mandato constitucional. Este principio no debe verse afectado por presiones mediáticas ni por intereses de grupos de poder que buscan controlar posiciones estratégicas dentro del aparato judicial.
La defensa de Benavides había denunciado públicamente las irregularidades cometidas en su contra, alertando sobre la campaña de desprestigio impulsada por sectores cercanos a fiscales y periodistas alineados con determinadas agendas. Hoy, la decisión de la nueva JNJ valida, en parte, esas advertencias y restituye un equilibrio necesario en el escenario judicial.
De acuerdo con sus abogados, la lógica consecuencia jurídica de su restitución como Fiscal Suprema es su reincorporación al cargo de Fiscal de la Nación. En ese sentido, Delia Espinoza, actual titular interina del Ministerio Público, debería dar un paso al costado, permitiendo el cumplimiento del mandato judicial. De no hacerlo, podría exponerse a acciones legales por desacato o incumplimiento de funciones.
Lo cierto es que el retorno de Patricia Benavides no solo remueve una pieza clave en la estructura del Ministerio Público, sino que también reactiva antiguos conflictos internos. La institución ha estado marcada por facciones claramente enfrentadas: por un lado, fiscales como Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Domingo Pérez o Marita Barreto; y por otro, magistrados suspendidos como Tomás Gálvez, Luis Arce Córdova y la propia Benavides, quienes ahora cuentan con respaldo judicial para su reincorporación.
Esta situación podría agudizar las tensiones internas y profundizar la crisis de legitimidad que atraviesa el Ministerio Público. Sin embargo, es también una oportunidad para revisar a fondo las prácticas institucionales, garantizar una justicia verdaderamente independiente y reafirmar el compromiso con la Constitución.
Lo que ocurra este lunes marcará un nuevo capítulo en esta historia. Lo que debe prevalecer, sin excepción, es el respeto irrestricto a la ley, a los derechos fundamentales y al principio básico de que nadie puede ser considerado culpable sin una sentencia firme. La justicia no puede ni debe ser un instrumento político.
