Por el Director:
Cada día que pasa—o mejor dicho, a cada instante—nos enteramos a través de diversos medios sobre la muerte de una persona a causa de la extorsión y el sicariato.
Años atrás, al despertar y encender el televisor para conocer las noticias más recientes, escuchábamos sobre víctimas que perdían la vida al resistirse al robo de un celular. Nos indignaba que por un simple dispositivo, delincuentes fueran capaces de matar. Mientras tanto, las autoridades se limitaban a recomendar a la ciudadanía que no opusiera resistencia y promovían campañas para inhabilitar los equipos robados con el fin de desincentivar su venta.
Sin embargo, estas acciones no cambiaron la realidad. Todo quedó en buenas intenciones, generando solo la ilusión de que se estaban tomando medidas efectivas contra la delincuencia.
Antes de esta crisis actual, las noticias giraban en torno a robos en viviendas y vehículos, el asesinato de taxistas que se resistían al robo de sus herramientas de trabajo y asaltos a mano armada en plena vía pública. Hoy, el panorama es aún más aterrador: las noticias están dominadas por la extorsión y el sicariato, ejecutado por organizaciones criminales que parecen haber tomado el control del país. Esto ha generado una profunda incertidumbre en todos los sectores de la sociedad.
Un caso reciente ha conmocionado al país: el asesinato del vocalista de Armonía 10, Paul Flores, ocurrido en la madrugada del domingo cuando se dirigía a una presentación en el distrito de Santa Clara. Es predecible que esta tragedia despierte indignación y motive protestas ciudadanas exigiendo acciones inmediatas por parte del gobierno. Sin embargo, hasta ahora, la respuesta oficial se ha limitado a generar distracciones mediáticas y capturar a delincuentes menores para aparentar eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
El gobierno debe asumir su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad ciudadana y enfrentar la extorsión y el sicariato con medidas reales y efectivas.
La presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Gustavo Adrianzén no pueden seguir ignorando la crisis ni continuar afirmando en foros nacionales e internacionales que el Perú es un país seguro y estable. La realidad es otra.
Siempre se dice que lo más importante en la vida es gozar de buena salud, pero hoy, ante el aumento imparable de la criminalidad, muchos peruanos podrían replantearse esa idea: más que salud, lo que urge es seguridad. Porque al salir de casa, lo único seguro es que se está pasando de un entorno aparentemente protegido a un espacio donde reinan la inseguridad, el miedo y la incertidumbre.
El gobierno y las autoridades deben actuar de inmediato, implementando cambios urgentes en las entidades encargadas de combatir el crimen. Es fundamental que los funcionarios públicos—desde los más altos niveles hasta el personal operativo—adopten un rol más activo y comprometido para transformar la realidad del país.
Los actuales funcionarios han demostrado ser ineficientes para afrontar esta crisis. Sin embargo, se les mantiene en sus cargos como si fueran los únicos capaces de diseñar estrategias de seguridad. Lo cierto es que han agotado sus ideas y, en lugar de trabajar en soluciones concretas, se han dedicado a fabricar noticias y cortinas de humo para aparentar que están combatiendo el problema.
El Estado debe reconocer sus errores y debilidades. Si no se realizan cambios estructurales en las instituciones clave, el país seguirá sumido en la violencia y la impunidad.
Es momento de que el Perú despierte y se una en una lucha real contra la anomia social provocada por políticos y grupos de poder que, por años, han priorizado sus intereses personales sin medir las devastadoras consecuencias de su inacción. Hoy estamos pagando el precio de esa indiferencia. Pero aún hay tiempo para reaccionar.
