Opinión ARD
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra en su hora más crítica. Hace once días, con la emisión de la resolución que declaró nula la sanción impuesta a Patricia Benavides por el anterior colegiado de dicha entidad y ordenó su reposición como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación, probablemente no midió las consecuencias de su decisión.
En un Estado de derecho, es legítimo que los ciudadanos —sean quienes sean— encuentren justicia ante las autoridades y reciban pronunciamientos que se sustenten jurídicamente, ya sea para validar o descartar una posición.
Lo cierto es que, hasta el momento, el Ministerio Público se niega a reponer a Patricia Benavides en su cargo, ni siquiera como Fiscal Suprema. Este desacato evidencia una cadena de presuntas irregularidades: desobediencia a la autoridad, omisión de funciones y otras faltas, frente a la aparente pasividad de la entidad que emitió la orden, así como de otras autoridades y de la sociedad en general.
La JNJ había mostrado, hasta hace poco, una postura firme: notificó a Delia Espinoza que debía cumplir de inmediato con la reposición de Benavides como Fiscal de la Nación, bajo apercibimiento de aplicarle las medidas legales correspondientes e incluso recurrir a la fuerza pública.
Sin embargo, horas después y contra todo pronóstico, la misma JNJ emitió un comunicado en el que convocó a ambas partes —Benavides y Espinoza— para “conciliar” y superar la crisis institucional. Este giro ha sido duramente criticado por evidenciar debilidad y falta de autoridad, al punto que el abogado de Delia Espinoza les respondió directamente que la JNJ no tiene competencia para ordenar una conciliación y que no acataban dicha disposición.
Este escenario confirma que vivimos en un país donde muchas autoridades actúan según su conveniencia y contexto, y donde la autoridad institucional parece no tener peso real.
Es lamentable que la JNJ, luego de haber sido aplaudida como un renovado colegiado, esté mostrando señales preocupantes de retroceso y falta de firmeza. Los ciudadanos tenemos el derecho —y el deber— de exigir que nuestras autoridades cumplan sus funciones con rigor, seriedad y apego a la ley. En un verdadero Estado de derecho, es imprescindible dejar precedentes sólidos que demuestren que el país está cambiando para bien. Sin embargo, por lo que estamos viendo, parece que seguimos en lo mismo de siempre.
