Desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el Perú ha transitado por una crisis política casi permanente, caracterizada por protestas recurrentes y una desconfianza creciente hacia las autoridades. Lo preocupante no son únicamente las manifestaciones ciudadanas —legítimas en democracia— sino la forma en que estas han derivado en actos de violencia, desnaturalizando su propósito inicial.
PPK llegó al poder con una aparente agenda técnica, pero su gestión rápidamente se vio comprometida por alianzas cuestionables tanto con sectores del fujimorismo como con representantes de la izquierda denominada “caviar”, lo que generó desconfianza en diversos sectores. Su posterior renuncia, ante una inminente vacancia por acusaciones de corrupción, dio paso a una cadena de sucesiones presidenciales que solo profundizaron la inestabilidad.
Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y, ahora, José Jerí han pasado por el cargo más alto del país en menos de una década, todos en contextos tensos, marcados por protestas, vacancias o intentos de ruptura del orden constitucional. La consecuencia ha sido un clima de permanente enfrentamiento entre ciudadanos, poderes del Estado y grupos de interés.
Las manifestaciones populares, como expresión del descontento social, son válidas y protegidas por la Constitución. Sin embargo, cuando estas son infiltradas por elementos violentos —vándalos o incluso presuntos agentes provocadores—, se pone en riesgo no solo el orden público, sino la vida de los propios manifestantes. El reciente fallecimiento de una persona en las inmediaciones de la Plaza Francia, aún bajo investigación, evidencia lo delicado del momento. Si se confirmara que fue víctima de un disparo, urge esclarecer si fue producto del uso excesivo de la fuerza o si hubo una intención de provocar una crisis mediante el asesinato encubierto.
No sería la primera vez que se utiliza la violencia para manipular la opinión pública y forzar renuncias, como ocurrió durante el breve gobierno de Manuel Merino. En ese entonces, investigaciones apuntaron a la posibilidad de que los disparos mortales provinieran de personas infiltradas y no necesariamente de la policía, aunque la narrativa instalada fue otra.
Hoy, el nuevo presidente José Jerí —cuestionado por su falta de experiencia y antecedentes legales no resueltos— enfrenta una realidad compleja. Sin embargo, lo justo sería que se le permita gobernar y que las instituciones funcionen conforme a la ley. Si se demanda su salida, debe hacerse por canales constitucionales y no por la vía del caos.
El país necesita distinguir entre protestas legítimas y acciones violentas encubiertas. La ciudadanía merece respeto, pero también debe evitar ser utilizada por grupos que, escudándose en causas sociales, persiguen intereses propios. La vida humana debe ser siempre lo primero. Ningún objetivo político justifica la muerte de un solo peruano.
Que el Ministerio Público y la Policía Nacional investiguen a fondo lo ocurrido. Y que todo el peso de la ley caiga sobre quienes resulten responsables. El Perú no puede seguir normalizando el conflicto como método para tomar o derribar el poder.
