LIMA, 21 de junio de 2026. — La muerte de ciudadanos civiles a manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército Peruano (EP) ha vuelto a encender las alarmas en la población. Dos hechos recientes, ocurridos con apenas meses de diferencia, evidencian un preocupante retorno a prácticas y procedimientos que vulneran los derechos fundamentales, convirtiéndose en una severa y urgente señal de alerta para la gestión del nuevo gobierno.
El caso más reciente ocurrió hace unos días en la Comisaría PNP de Manchay. Un adolescente de tan solo 17 años terminó muerto tras ser sometido a procedimientos policiales presuntamente no autorizados que violaron flagrantemente los reglamentos oficiales. Este trágico suceso demuestra, lamentablemente, que no se ha aprendido de las lecciones del pasado. Los excesos de las fuerzas del orden —que en épocas oscuras de nuestra historia costaron miles de vidas bajo técnicas hoy prohibidas por atentar contra los derechos humanos— parecen reactivarse en actos concretos que exigen una condena inmediata.
El trágico antecedente en el VRAEM
A este panorama se suma lo ocurrido en abril pasado en el VRAEM (Ayacucho), donde una patrulla del Ejército acribilló un vehículo particular, acabando con la vida de sus ocupantes. Aunque el reporte inicial de las Fuerzas Armadas intentó justificar la acción, los testimonios de los sobrevivientes que lograron escapar del ataque desmintieron la versión oficial.
Las investigaciones judiciales confirmaron que el vehículo no transportaba cargamento de droga ni contenía elementos ilegales que ameritaran semejante nivel de violencia. Fue un ataque desproporcionado, ejecutado sin medir consecuencias ni respetar la vida. Incluso bajo la presunción de un delito, las normas internacionales prohíben que las fuerzas militares abran fuego sin haber recibido un ataque armado previo. Ante la gravedad de las evidencias, la Sala Penal de Ayacucho del Poder Judicial dictó acertadamente 12 meses de prisión preventiva contra los militares implicados.
Entre la sanción y el presunto encubrimiento
La respuesta institucional en ambos casos muestra un doble rasero preocupante. Mientras en Ayacucho interviene la justicia penal, en el caso de Manchay los policías vinculados a la muerte del menor solo han sido separados de sus cargos.
Lo más grave, sin embargo, es el aparente intento de encubrimiento por parte del Comando Policial. A través de un comunicado emitido a las pocas horas del suceso, la institución intentó moldear la opinión pública alegando que el adolescente estaba involucrado en un acto delictivo. Ninguna sospecha o antecedente justifica el trato cruel e inhumano contra un menor de edad, cuya temprana partida hoy lloran sus padres y familiares en medio de la impotencia.
Reformas urgentes para los próximos cinco años
Al nuevo Gobierno le espera una tarea titánica y urgente: corregir el rumbo de las fuerzas del orden en el país. Es evidente que se han debilitado los principios de integridad, valores y respeto irrestricto a los derechos humanos dentro de estas instituciones.
Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es solo el error o el exceso individual, sino la tendencia de los altos mandos a omitir responsabilidades o encubrir los hechos. El Ejecutivo debe implementar correctivos drásticos e inmediatos en la doctrina y supervisión policial y militar. Si aspiramos a sobrevivir y fortalecer nuestra democracia en los próximos cinco años, la impunidad y el abuso de poder no pueden tener cabida en el Estado.
