EDITORIAL: ¿A quién creerle?

Por: Redacción Arena Digital

Lima, 05 de septiembre de 2026

El trágico hecho de sangre registrado el último domingo en Trujillo —donde cuatro personas fueron asesinadas y un ciudadano secuestrado fue liberado apenas 24 horas después— ha encendido las alarmas y dejado serias interrogantes sobre el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El evidente afán de protagonismo del Ejecutivo, visibilizado en la figura del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, al aparecer junto a los detenidos e interrumpir de forma tajante las declaraciones del comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, no hace más que confirmar una preocupante premisa: el poder político busca imponerse sobre la autonomía técnica de la fuerza policial.

A esta injerencia se suma el silencio del premier Luis Galarreta. Como vocero de la Presidencia de la República, el jefe del gabinete no ha salido a aclarar los vacíos ni a corregir lo que a todas luces fueron excesos cometidos por miembros de su equipo ministerial. Esta pasividad solo alimenta las dudas en una ciudadanía que empieza a cuestionar si la elección de Keiko Fujimori para conducir los destinos del país durante los próximos cinco años fue la decisión acertada.

Es necesario recordar que, según la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público es el único titular de la acción penal, director de la investigación y defensor de la legalidad. Su rol garante busca precisamente asegurar la transparencia en cualquier procedimiento donde se impute un delito a un ciudadano.

Lo ocurrido en Trujillo desnuda la precariedad con la que se aborda la reforma policial. Se intenta proyectar una imagen de eficiencia que reporte réditos políticos al Poder Ejecutivo; sin embargo, el resultado real es una sensación de profunda incertidumbre. La falta de autocrítica y la incapacidad de la autoridad para admitir los excesos cometidos en las diligencias muestran a un sector que prefiere el impacto mediático antes que el rigor procesal para dar con los verdaderos responsables.

Las investigaciones que ya lidera la Fiscalía determinarán qué fue lo que realmente sucedió el domingo pasado y expondrán con claridad las debilidades operativas de la PNP y del propio Gobierno. Este Gabinete recién empieza y ya está poniendo en juego su credibilidad; de ahí la desesperación de voceros y personajes allegados que intentan justificar lo injustificable, dando la impresión de querer encubrir los hechos.

Para cualquier gobernante, el camino más prudente es reconocer los errores y corregir el rumbo a tiempo; esa es la única vía para construir confianza y aceptación popular. Optar por el blindaje comunicacional y la evasión solo dejará cicatrices políticas difíciles de borrar, marcando un inicio de gestión convulso e inestable.

Los peruanos exigen rectificaciones oportunas y tolerancia cero frente a conductas antiéticas o contrarias a la integridad. Ocultar la falta de probidad resulta un pésimo mensaje para la sociedad y, de manera muy particular, para los servidores públicos a quienes se les exige un estándar ético que la alta dirección parece ignorar.

Desde esta casa editora digital, formulamos un llamado a un cambio de rumbo inmediato por el bien del país y por la sostenibilidad del gobierno de Keiko Fujimori, que apenas inicia su mandato.