Por: Redacción Arena Digital Noticias
Lima, 24 de octubre de 2026
La reciente salida de María del Carmen Barragán Coloma del cargo de asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud —a escasos cinco días de haber sido designada bajo la resolución firmada por la titular de la entidad, Elizabeth Zulema Tomas Gonzales— no representa una victoria institucional ni un ejercicio genuino de autocrítica gubernamental. Es, por el contrario, la radiografía perfecta de cómo la improvisación, el nepotismo soterrado y el cálculo político continúan fracturando la confianza ciudadana en las entidades públicas más sensibles del país.
Designar a la hermana del senador Daniel Barragán (Partido Cívico Obras) en un puesto clave de confianza, en un momento político sumamente álgido y marcado por debates legislativos trascendentales (como la delegación de facultades al Ejecutivo), constituyó una pésima señal ética. Las explicaciones posteriores dadas por el entorno político —intentando matizar la situación bajo el argumento de «incomodidad personal» o supuestas trayectorias profesionales ajenas a la injerencia política— no logran convencer a una ciudadanía hastiada de que los cargos públicos se manejan bajo lógicas de favores o cuotas de poder.
El Seguro Social de Salud no es una agencia de empleos ni un botín político para saldar afinidades o respaldos parlamentarios circunstanciales. Es una institución que agoniza bajo interminables colas, desabastecimiento de medicamentos y una crisis estructural severa que exige, por encima de todo, meritocracia implacable, transparencia radical y operadores técnicos con la más alta solvencia moral. Poner sobre la mesa nombramientos cuestionables para luego retirarlos a los pocos días, cediendo únicamente ante la presión mediática y el escándalo, demuestra una alarmante falta de filtros preventivos en la alta dirección del Estado.
La rapidez con la que se oficializó su cese evidencia que el problema no era la falta de advertencias previas, sino el cálculo errado de creer que la opinión pública pasaría por alto un nuevo episodio de cuestionable coincidencia política. La exigencia de guardar absoluta reserva bajo apercibimiento de inhabilitación cierra formalmente este expediente administrativo, pero deja abierta una herida profunda en la credibilidad del aparato estatal.
El retiro de María del Carmen Barragán debió ocurrir antes de su nombramiento, nunca después del costo político pagado. Mientras el Estado peruano no entienda que la función pública exige estándares éticos inquebrantables desde el primer minuto, seguiremos asistiendo a este triste espectáculo donde la puerta giratoria del favor político gira al ritmo del escándalo y el repudio ciudadano.
