¿Ética para abajo y blindaje para arriba? El doble discurso de la integridad en el gobierno

Por: Redacción Arena Digital

Lima, 16 de septiembre de 2026

¿Con qué autoridad moral el Estado puede exigirle integridad a un servidor público si desde la propia cabeza del Ejecutivo se vulnera sistemáticamente el Código de Ética? La narrativa oficial del nuevo gobierno de Keiko Fujimori insiste en promover la transparencia y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, la brecha entre los discursos de moralidad y la práctica política real no solo es evidente, sino francamente contradictoria. Cuando el poder se ejerce como un botín de cuotas y favores, las Oficinas de Integridad pasan a ser adornos burocráticos incapaces de investigar o determinar responsabilidades en la alta dirección.

Los hechos recientes demuestran que la amnesia selectiva y el pragmatismo político se han impuesto por encima del filtro ético en la asignación de los altos cargos de la nación.

Premios al cuestionamiento y amnesia política

El caso del ministro Juan Sheput y el nombramiento de la médica Zulema Tomás al frente de EsSalud es una muestra clara de este doble rasero. Resulta incoherente que una exministra de Salud, retirada en su momento tras revelarse un evidente cruce de contrataciones entre familiares directos y altos funcionarios del Estado, sea hoy promovida al máximo cargo del seguro social. Más grave aún es el silencio de quien en el pasado fue uno de sus más duros críticos y que hoy, desde el Gabinete, prefiere el olvido conveniente antes que la firmeza ética.

A esto se suma la pasividad del Ejecutivo ante los conflictos de interés en el sector Educación. La designación efectuada por el ministro José Chang para incorporar a una excongresista de Fuerza Popular como representante ante la Derrama Magisterial —un nombramiento ensombrecido por cuestionamientos de cercanía personal y viajes al extranjero que desencadenaron su renuncia— no mereció una sola aclaración ni un pronunciamiento oficial por parte del ministro o del Ejecutivo. La estrategia ante el escándalo vuelve a ser la misma: silencio, blindaje y pasar página.

Incapacidad discursiva y oportunismo en la crisis

La falta de idoneidad también se evidencia en la vocación gubernamental. Contar con trayectoria no garantiza estar preparado para la alta función pública cuando el discurso raya en la imprudencia. Las declaraciones del ministro de Justicia ante el Congreso y los medios, minimizando graves delitos como la violencia sexual bajo premisas «culturales», muestran una falta de rigor y sensibilidad inaceptables en quien debiera liderar la política jurídica del país.

Por su parte, el sector Defensa refleja cómo la crisis de seguridad es utilizada como vitrina mediática. Tras la reciente escalada de violencia en Trujillo, la presencia del ministro de Defensa —excandidato presidencial sin mayor peso ni estrategia en la gestión del sector— se limitó a la búsqueda de la foto oficial. Intentar aparentar un trabajo contundente contra el crimen organizado cuando no existen resultados tangibles no es solo un engaño a la población; es una instrumentación política de la zozobra ciudadana.

Integridad de adorno

El mensaje que envía el actual gobierno es nefasto para la administración pública: las exigencias éticas, los procesos disciplinarios y el escrutinio parecen aplicar únicamente para los niveles operativos, mientras que en la cima del Ejecutivo prima la impunidad, el reparto de cuotas y la falta de autocrítica.

Mientras las Oficinas de Integridad permanezcan atadas de manos, sin abrir investigaciones de oficio ni deslindar responsabilidades en el alto mando, la «política de integridad» del gobierno no pasará de ser una simulación. El Perú no necesita un Gabinete que pretenda tapar errores con retórica, sino autoridades que entiendan que la ética no se predica en los manuales, se demuestra con el ejemplo.