Opinión ARD
En los últimos días, hemos sido testigos de una profunda crisis institucional en el Ministerio Público, a raíz de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que declaró nula la sanción impuesta a Patricia Benavides por el anterior colegiado de dicha entidad. La JNJ, además, ordenó su reposición como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación, argumentando una evidente vulneración al debido proceso y al derecho de defensa de la magistrada.
La Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público son claras: el Ministerio Público tiene como función principal velar por el cumplimiento de la ley y defender la legalidad. No obstante, en este caso específico, la fiscal Delia Espinoza —quien asumía el cargo de Fiscal de la Nación al momento de la decisión de la JNJ— optó por no acatar la resolución del órgano constitucional autónomo encargado de la selección, evaluación y sanción de jueces y fiscales.
En lugar de cumplir con lo ordenado por la JNJ, Espinoza alegó una serie de irregularidades: falta de avocamiento, ausencia de firmas de los integrantes de la Junta, carencia de unanimidad en la votación, entre otros argumentos, incluyendo su propia designación como Fiscal de la Nación por acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos. Tales supuestos fueron descartados por el Presidente de la JNJ mediante comunicados, trasluciendo un contundente mensaje para Delia Espinoza.
Si bien cualquier autoridad tiene el derecho de cuestionar decisiones administrativas, existen canales legales y procedimentales para hacerlo. Lo que no puede hacer una funcionaria pública —y menos aún una fiscal de la Nación— es negarse a cumplir un mandato legal vigente, atentando así contra el orden constitucional y enviando un mensaje sumamente peligroso a la ciudadanía.
Como si eso no bastara, hemos visto a Espinoza utilizar los recursos del Estado para movilizar al personal del Ministerio Público en vigilias con velas y manifestaciones dentro de la propia sede institucional. Ha presentado denuncias contra miembros de la JNJ, a pesar de que se trata de autoridades aforadas, y ha intentado validar su postura con pronunciamientos de la Junta de Fiscales Supremos y del ex juez supremo Francisco Távara, actual integrante de la JNJ, quien además enfrenta cuestionamientos por su presunta vinculación con el caso “Los Cuellos Blancos”.
Todo esto parece responder a una estrategia desesperada por aferrarse al poder. Espinoza olvida que, cuando esta tormenta pase, tendrá que enfrentar una evaluación individual, y lo hará sola, acompañada únicamente por su abogado defensor. Quienes hoy la alientan a continuar en esta postura confrontacional y no estarán allí para responder por sus actos.
No se puede culpar a los actuales integrantes de la JNJ ni a Patricia Benavides por la crisis que atravesamos. Este conflicto es, en realidad, una consecuencia directa de los excesos cometidos por el anterior colegiado de la Junta Nacional de Justicia.
Lo que ha hecho el nuevo pleno ha sido, simplemente, corregir errores conforme al marco de la ley. Eso es lo que se espera de un Estado de derecho.
Finalmente, no puede dejarse de mencionar el rol de ciertos medios de comunicación, que aprovechan la situación para direccionar la opinión pública en función de intereses particulares. Este tipo de manipulación mediática solo agrava la confusión ciudadana y mina la credibilidad de las instituciones.
Lo cierto, y lamentable, es que la Fiscalía de la Nación ha demostrado —en este episodio— no ser garante de la legalidad, sino de una preocupante forma de ilegalidad institucionalizada, disfrazada de autonomía.
