El Tribunal Constitucional declaró inadmisible la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para que se establezca bajo que circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado.
El máximo interprete de la Constitución del Perú, tomo esta decisión al concluir que no hay una autorización expresa de Dina Boluarte, Presidenta de la República para que el Premier Gustavo Adrianzén, interponga la demanda.
En conclusión, el Presidente del Consejo de Ministros no tenía competencia para representar a Dina Boluarte en la presentación de la referida demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.
Ante el escenario, el Tribunal Constitucional otorgo al Poder Ejecutivo un plazo de cinco días hábiles para que subsane la omisión advertida, bajo “apercibimiento” de declarar improcedente la demanda.
