A poco más de un mes del cambio de mando, Fuerza Popular afina los equipos para las comisiones de transferencia mientras que Juntos por el Perú agota sus últimos recursos legales ante el JNE.
LIMA, 22 de junio de 2026. — El reloj de la transición democrática corre a contrarreloj. A poco más de un mes para que el nuevo presidente de la Cámara de Senadores tome el juramento de ley a quien el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente como ganador de la segunda vuelta, la tendencia en las urnas parece consolidarse. Con el escrutinio en su fase final, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja de 40 mil votos sobre su contendiente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
En el ámbito político y técnico, diversos analistas consideran que este margen matemático es prácticamente irreversible. Ante este escenario, en los pasillos de Fuerza Popular ya se respira un ambiente de victoria, al punto que el equipo técnico de Fujimori ha comenzado a estructurar las listas de los profesionales que integrarán las comisiones de transferencia en los diferentes ministerios e instituciones del Estado.
Trascendió que el partido naranja ya cuenta con un diagnóstico situacional detallado de todo el aparato estatal. El objetivo de este mapeo es implementar reformas inmediatas desde el primer día de gestión, buscando corregir las deficiencias estructurales y de gestión que administraciones anteriores no lograron resolver.
Sánchez y la estrategia de la impugnación
En la interna de Juntos por el Perú, la postura oficial es mantener la esperanza de revertir el resultado en el último tramo del conteo oficial. Sin embargo, la estrategia legal desplegada por Roberto Sánchez ha comenzado a recibir duras críticas desde diversos sectores jurídicos y políticos, debido a la falta de pruebas tangibles y sustento técnico en los pedidos presentados ante el sistema electoral para anular actas de votación que favorecen al fujimorismo.
El último movimiento de Sánchez para cuestionar la legitimidad del proceso ha sido la presentación de una denuncia constitucional contra el actual Canciller de la República, apuntando a presuntas irregularidades en el desarrollo del sufragio de los peruanos en el extranjero.
Intentos desesperados en el tablero político
Para la opinión pública y los veedores políticos, estas acciones legales son percibidas como manotazos de ahogado e intentos desesperados por frenar un resultado que parece sentenciado. Este giro hacia la vía constitucional se produce luego de que las movilizaciones callejeras convocadas por el candidato izquierdista, bajo el lema «En defensa de los votos», perdieran fuerza en los últimos días y no lograran alterar el cronograma electoral.
Con el cómputo oficial al borde del 100%, el país entra en una semana decisiva. Al JNE le restará resolver las últimas apelaciones de actas observadas antes de proceder a la proclamación oficial de quién asumirá la presidencia de la república, en un clima donde la incertidumbre parece dar paso, finalmente, a los preparativos del próximo quinquenio gubernamental.
