Fricción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por declaraciones de la mandataria en la ONU

Por: Redacción Arena Digital Noticias

Lima, 24 de septiembre de 2026

Un nuevo frente de alta tensión institucional se ha abierto entre la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la jefa de Estado, Keiko Fujimori. El detonante de este choque fue la reciente intervención de la mandataria durante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde lanzó duras críticas al desempeño de los jueces en el Perú.

Durante su discurso en el foro internacional, la presidenta cuestionó que militares y miembros de las Fuerzas Armadas que combatieron y derrotaron al terrorismo continúen siendo objeto de procesos judiciales hasta la fecha. A juicio de la mandataria, resulta injusto que quienes defendieron la patria sigan enfrentando persecución legal por su accionar en la pacificación nacional.

La respuesta de la titular de la Corte Suprema no se hizo esperar, solicitando una rectificación formal de las expresiones vertidas en la ONU. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la controversia; por lo que se aguarda el retorno al país de la Presidenta de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para conocer su postura frente al requerimiento del Poder Judicial.

Un escenario de inestabilidad y reformas pendientes

Este choque de poderes agrava el de por sí complejo panorama político nacional, sumándose a los constantes enfrentamientos que sostiene el Poder Ejecutivo con la Cámara de Diputados. La parálisis política e institucional que generan estos desacuerdos termina impactando directamente en la estabilidad del país y el bienestar de la ciudadanía.

Sin embargo, el fondo del debate pone sobre la mesa cuestionamientos de larga data sobre la administración de justicia. En diversos sectores persiste la percepción de que existen magistrados que emiten fallos direccionados y sin el debido sustento jurídico, otorgando una apariencia de legalidad a resoluciones que parecerían responder a intereses particulares.

A ello se suma la creación de sedes o cortes en diversas provincias que, lejos de dinamizar la atención al usuario, terminan incrementando la burocracia y sobrecargando el gasto público sin resultados tangibles en celeridad ni transparencia.

Frente a esta coyuntura, resulta indispensable discutir una reforma profunda y estructurada del Poder Judicial que garantice la eficiencia, la idoneidad y la honestidad en sus fallos. Mientras las cúpulas de los poderes del Estado continúen en un fuego cruzado de acusaciones y requerimientos, la gobernabilidad sigue debilitándose y la población continúa siendo la principal perjudicada.