Opinión: La mala fe en la compraventa de autos usados y el costo de la irresponsabilidad

Por: Redacción Arena Digital Noticias

Lima, 24 de septiembre de 2026

La adquisición de un vehículo usado en el mercado local suele presentarse como una oportunidad accesible, pero con frecuencia termina convirtiéndose en una prueba de paciencia frente a la informalidad y la falta de seriedad de ciertos vendedores. Un caso reciente registrado en el distrito de Surquillo deja al descubierto cómo la ruptura intempestiva de los acuerdos y la prepotencia en las tratativas comerciales vulneran la buena fe precontractual y generan perjuicios económicos directos al comprador.

El valor de la revisión técnica y el acuerdo pactado

El proceso inició bajo los parámetros usuales: la negociación preliminar sobre un vehículo SUV, la fijación de un precio de compra acordado directamente con la propietaria (US$ 8,900.00) y la decisión mutua de ingresar la unidad a un taller especializado en la Calle San Agustín para un escaneo computarizado e inspección integral antes de acudir a la notaría.

Sin embargo, tras culminar el diagnóstico técnico —el cual reveló fallas mecánicas y eléctricas que requerían reparaciones estimadas en varios miles de soles—, el escenario cambió de forma drástica. Con la intervención del intermediario, los vendedores desconocieron intempestivamente el precio pactado, exigieron montos superiores y retiraron el vehículo abruptamente, negándose a asumir el costo de la revisión que ellos mismos promovieron y aceptaron realizar.

La Responsabilidad Precontractual no es optativa

En el Perú, el artículo 1362 del Código Civil establece que los contratos deben negociarse y ejecutarse bajo las reglas de la buena fe. La doctrina jurídica sanciona la responsabilidad precontractual (culpa in contrahendo), la cual obliga a indemnizar los gastos y perjuicios generados cuando una parte rompe de forma arbitraria e injustificada las negociaciones tras inducir a la otra a realizar un despliegue económico.

En este caso, el comprador asumió el costo del diagnóstico bajo la premisa de concretar la transacción. Al frustrarse el negocio por decisión y actitud irracional de los vendedores, dicho gasto debió ser asumido por ellos. Dejar al comprador con la cuenta del taller no solo constituye un acto de mala fe y daño emergente, sino que expone una conducta temeraria que merece ser sancionada formalmente para sentar un precedente de idoneidad y respeto en el mercado automotriz de usados.