El juez
Richard Concepción Carhuancho, encargado de evaluar el pedido de 36 meses de
prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina
Boluarte, anunció durante la lectura de la resolución que no aplicará la Ley N°
32108, norma que modifica el delito de organización criminal.
Boluarte es
señalado por el Ministerio Público como presunto líder de la organización
criminal «Waykis en la Sombra», acusada de diversas irregularidades.
Sin embargo, Concepción Carhuancho declaró que, bajo el marco del control
difuso y el control de convencionalidad, tiene fundamentos para considerar la
Ley N° 32108 inconstitucional y, por ende, inaplicable en este caso.
El magistrado
sostuvo que dicha ley, aprobada por el Congreso, fue «una norma con nombre
propio», diseñada para beneficiar a funcionarios públicos al excluirlos
del delito de organización criminal y transferir los casos a juzgados comunes,
restando competencia a jueces especializados en delitos complejos.
Concepción
Carhuancho agregó que esta legislación, lejos de proteger el interés general de
la sociedad frente al crimen organizado, fue presuntamente promulgada con fines
particulares, lo que contravendría el artículo 103 de la Constitución Política
del Perú. Este artículo establece que las leyes deben ser emitidas en defensa
del interés general, un principio que el juez considera vulnerado en este caso.
Elementos contra Nicanor
Boluarte
Respecto a la
situación de Nicanor Boluarte, el juez afirmó que la Fiscalía presentó 35
elementos de convicción que respaldan la acusación en su contra. Según la
carpeta fiscal, Boluarte habría encabezado un esquema que designaba
arbitrariamente a prefectos y subprefectos con la finalidad de recolectar
firmas para inscribir al partido Peruanos
por el Cambio en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El juez
concluyó que los hechos imputados por el Ministerio Público constituyen delito,
lo que refuerza la solicitud de prisión preventiva contra el hermano de la
mandataria y los demás involucrados en este caso.
