Sin gobernabilidad no hay excusas: el Ejecutivo y las trabas de la delegación de facultades

La falta de muñeca política del Gobierno de Keiko Fujimori, los errores tácticos del Gabinete Galarreta y la reiterada «silla giratoria» terminan pasándole la factura al país en temas urgentes como la inseguridad.

Por: Redacción Arena Digital Noticias

Lima, 28 de septiembre de 2026

El Poder Ejecutivo se encuentra a la espera de que el Congreso de la República apruebe el pedido de delegación de facultades para legislar en diversas materias. Mientras tanto, sus principales voceros sostienen que, ante la dilatación del trámite en el Parlamento, se ven imposibilitados de implementar las reformas prometidas durante la campaña electoral.

Si bien es un derecho constitucional del Ejecutivo solicitar estas facultades, también es verdad que el Poder Legislativo no tiene la obligación automática de otorgarlas. La falta de este paquete legislativo no puede convertirse en un pretexto para justificar la inacción del nuevo gobierno ni la falta de resultados concretos en tres frentes críticos: la lucha contra la inseguridad ciudadana, el combate a la minería ilegal y la reactivación económica.

Por lo pronto, la oposición —liderada en el Congreso por Juntos por el Perú (JPP)— ya fijó fecha para evaluar el pedido del Gobierno de Keiko Fujimori, adelantando que se dará prioridad estricta a las propuestas vinculadas a la seguridad y a las medidas frente al Fenómeno El Niño.

Este escenario deja al descubierto la escasa capacidad de manejo político del Ejecutivo para articular consensos en coyunturas de alto impacto nacional. Llama la atención que, a pesar de la trayectoria del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, el Gabinete no haya demostrado hasta hoy la destreza política ni la solvencia estratégica que se esperaban de un parlamentario de larga data y expresidente del Congreso.

A ello se suma un error táctico determinante: el Ejecutivo se excedió al presentar un paquete omnibus que abarcaba demasiadas materias. Lo que terminó por desatar las mayores críticas fue la inclusión «de contrabando» de temas altamente sensibles, como la regulación de tasas de interés, una medida percibida como favorable al sector bancario en perjuicio de los ciudadanos que requieren acceder a un crédito.

De persistir este entrampamiento, el principal perjudicado será el país. El trasfondo del problema no es solo legislativo, sino de confianza: la falta de credibilidad del Ejecutivo se acentúa por la designación en cargos de confianza de cuestionados funcionarios que ya han tenido la oportunidad de dirigir entidades públicas sin pena ni gloria, o rodeados de graves denuncias. En el Parlamento, diversos legisladores advierten sobre este vicio conocido como la «silla giratoria», una práctica que hoy termina minando la viabilidad política de la propia gestión gubernamental.