La crisis política e institucional que vive hoy el Perú, agravada por una creciente inseguridad ciudadana, exige más que simples acusaciones o diagnósticos superficiales.
Es momento de mirar con honestidad el origen profundo del deterioro democrático que enfrentamos. Y en ese espejo, la sociedad peruana también debe verse reflejada.
Durante años, hemos escuchado proclamas que apelan a la construcción de un mejor país para las nuevas generaciones. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa: una ciudadanía que, en gran parte, ha adoptado una actitud pasiva frente al deterioro de las instituciones. Se ha naturalizado la corrupción, se tolera la mediocridad en el ejercicio del poder y se ha perdido la capacidad de indignarse ante lo inaceptable.
Esta indiferencia ha permitido que lleguen al poder personas sin credenciales éticas ni capacidad de gestión. Autoridades elegidas democráticamente pero carentes de visión, de compromiso y de liderazgo. En muchos casos, representantes que actúan más en función de intereses particulares o de grupos de poder que del bien común.
El fenómeno se agrava con el papel que juegan hoy las redes sociales. En un contexto de consumo masivo de información digital, muchas veces dominada por voces sin sustento, los ciudadanos están expuestos a contenidos que no informan, sino que manipulan. La figura del “influencer” sin trayectoria ni responsabilidad informativa se ha convertido en un actor decisivo, sin que exista un contrapeso real desde los espacios tradicionales de formación ciudadana o los medios formales de comunicación.
Mientras tanto, el Congreso de la República, lejos de ser un espacio de representación legítima, parece moverse bajo una lógica desconectada de las prioridades del país. En lugar de debatir reformas de fondo, se prioriza el cálculo político, el blindaje de aliados o el interés inmediato. ¿Y el pueblo? Relegado, una vez más, a la condición de espectador impotente.
Desde este medio, consideramos que el Perú no está en condiciones de repetir el mismo error en el próximo proceso electoral de 2026. La precariedad institucional y el desprestigio de la política no pueden ser excusas para abdicar de la responsabilidad ciudadana. Urge una reacción consciente, informada y comprometida.
El voto es un acto político fundamental, pero también un acto ético. No se trata solo de elegir autoridades, sino de definir el rumbo del país. Solo con una ciudadanía vigilante, crítica y activa será posible revertir este ciclo de inestabilidad que amenaza con volverse permanente.
El futuro del Perú no depende exclusivamente de sus gobernantes. Depende, en última instancia, de la voluntad colectiva de todos los peruanos.
